La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó que el exdirector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el coordinador de Gabinete cometieron falta ética, al disponer aportes económicos forzosos o voluntarios a empleados de la institución para un movimiento político.
La funcionaria establece en un Informe de Investigación Especial que esta conducta compromete la integridad institucional y es susceptible de sanción, por lo que remitieron sus resultados al Ministerio de Administración Pública (MAP), a los fines de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente y aplicar las sanciones que en derecho correspondan.
Sostiene que tanto Rafael Feliz García, quien ya fue destituido por el presidente Luis Abinader, como Winston Paulino, al utilizar un mecanismo de recaudación dentro del ITLA violentaron la Ley número 41-08 sobre Función Pública, que establece prohibiciones expresas en ese sentido.
El informe cita entre estas prohibiciones consignadas en su artículo 80, numeral 13, como “servir interés de partidos en el ejercicio de sus funciones, y, en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
Además, en su numeral 14 prohíbe “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidista, sea en su provecho o en provecho de terceros”.
El informe cita también el artículo 84, en el que se precisa las acciones que constituyen faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo, como incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos o entidades”.
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