Santo Domingo.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, defendió las actuaciones de esa institución en el proceso de licitación del servicio de alimentación escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para el período 2026-2028, frente a los cuestionamientos surgidos por las modificaciones realizadas al pliego de condiciones.
Pimentel rechazó los señalamientos de la oposición que lo responsabilizan directamente de haber cambiado las principales condiciones del proceso y sostuvo que esas afirmaciones parten de una interpretación que, a su juicio, desconoce cómo está estructurado el sistema de contrataciones públicas.
“Eso es opinar desde la ignorancia, desde la industria de la manipulación y la mentira”, afirmó el funcionario al referirse a los señalamientos sobre su participación directa en las modificaciones realizadas al proceso.
Explicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ejerce una función de centralización normativa y que las entidades contratantes mantienen la responsabilidad operativa de sus procesos.
En ese contexto, Pimentel señaló que, como parte de sus funciones de monitoreo preventivo, la DGCP puede formular observaciones a los pliegos de condiciones y que aquellas que tienen carácter obligatorio deben ser acogidas por la entidad contratante.
“Para hablar de contrataciones públicas se debe hacer desde el análisis técnico, objetivo y, sobre todo, sobre la verdad y sobre la realidad de los hechos”, sostuvo.
Decreto 672-26 busca ampliar participación de las MIPYMES
Asimismo, el director de Contrataciones Públicas se refirió al Decreto 672-26, emitido recientemente por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se instruye a las entidades que ejecutan programas de alivio a la pobreza a dirigir procesos de contratación hacia Mipymes industriales.
Explicó que la medida responde a los principios establecidos en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, entre ellos el de favorabilidad a la producción nacional, la inclusión y el apoyo a las Mipymes y al desarrollo local.
El funcionario planteó que las compras públicas pueden utilizarse como una herramienta para dinamizar la economía y generar empleos, al considerar que alrededor del 32 % del Presupuesto General de la Nación está destinado a la adquisición de bienes, servicios y obras.
“La visión del nuevo mandato de las contrataciones es impulsar el desarrollo desde las contrataciones públicas”, sostuvo Pimentel, quien resaltó que más del 95 % del tejido empresarial dominicano está compuesto por Mipymes.
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