Por: Abraham Pérez Peña
Un plan local de movilidad urbana y rural, diseñado de manera efectiva, tiene el potencial de transformar los territorios en espacios más dinámicos y sostenibles.
El diseño, la planificación y la ejecución de políticas públicas locales en materia de movilidad urbana y rural son acciones esenciales para garantizar el desarrollo sostenible de las ciudades. Estas políticas no solo mejoran el desempeño de la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también optimizan la calidad de vida en las demarcaciones.
Por ello, en la letra “a” del artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, se establece que el “ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas en las vías urbanas y rurales” es una competencia propia de los ayuntamientos de la República Dominicana. Esta atribución legal confiere a los Concejos de Regidores y a las Alcaldías la responsabilidad de evaluar, diseñar y ejecutar planes locales que respondan a las necesidades de tránsito y movilidad de las personas, tanto en zonas urbanas como rurales.
La importancia de las políticas locales de movilidad
Un plan local de movilidad urbana y rural, diseñado de manera efectiva, tiene el potencial de transformar los territorios en espacios más dinámicos y sostenibles. Esto impacta positivamente en la actividad cultural, económica y social, mejorando tanto la experiencia de los ciudadanos residentes como de los visitantes.
En este sentido, las alcaldías, como entes ejecutores locales, tienen la obligación de proponer soluciones mediante proyectos específicos a sus respectivas salas capitulares. Estas salas, a su vez, deben otorgar el marco normativo necesario para garantizar que las estrategias se implementen de manera adecuada en beneficio de la movilidad en el territorio.
El éxito de las políticas locales de movilidad requiere una colaboración activa con otros actores clave. Por ejemplo, el Congreso Nacional para apoyar los proyectos locales con iniciativas legislativas que respalden la movilidad, las sectoriales del Gobierno central para coordinar políticas nacionales que complementen los planes locales, el sector empresarial local, para impulsar inversiones en infraestructura y soluciones tecnológicas.
Así también, de la integración de los líderes comunitarios y asociaciones, para identificar necesidades específicas en las comunidades, los sindicatos de transporte, para facilitar acuerdos sobre el uso eficiente de las vías públicas y, la ciudadanía en sentido general, como beneficiaria y colaboradora activa en el diseño y ejecución de proyectos.
Los planes de movilidad deben considerar horizontes de corto, mediano y largo plazo. Esto implica no solo responder a necesidades inmediatas, sino también proyectar soluciones que permitan un desarrollo sostenible en el tiempo en el territorio. El ordenamiento del tránsito vehicular y de personas no es únicamente una obligación legal, sino una oportunidad para que los gobiernos locales demuestren su capacidad de liderazgo y su compromiso con el bienestar colectivo. La implementación efectiva de estas competencias fortalecerá la cohesión social y el progreso económico, posicionando a los municipios como referentes de desarrollo y organización, para ser replicados en otras demarcaciones.
¡Hasta una próxima entrega!
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