La acción sostiene que la aseguradora estatal incumplió decisiones judiciales que ordenaban cubrir una radioyodoterapia indicada tras un diagnóstico de cáncer de tiroides
Santo Domingo. – El abogado y paciente oncológico Ariel Roberto Contreras Medos interpuso una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y su director ejecutivo, Edward Guzmán Padilla, por la presunta negación y posterior demora en la cobertura de un tratamiento indicado para atender un carcinoma papilar de tiroides.
La acción fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y plantea que la actuación de la aseguradora estatal habría comprometido los derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la tutela judicial efectiva.
De acuerdo con el expediente, Contreras Medos fue diagnosticado en diciembre de 2024 con carcinoma papilar de tiroides y sometido posteriormente a una tiroidectomía total en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat). El análisis de la glándula extraída habría confirmado la presencia de un carcinoma papilar clásico con invasión de la cápsula tiroidea.
Ante esos resultados, especialistas en endocrinología y medicina nuclear le indicaron una terapia ablativa con yodo radiactivo I-131, en una dosis de 100 milicurios, para eliminar posibles células malignas residuales y reducir el riesgo de recurrencia o diseminación de la enfermedad.
Sensa negó inicialmente la cobertura
Según la demanda, el paciente presentó ante Sensa la indicación médica, los estudios clínicos y el presupuesto correspondiente al procedimiento. Sin embargo, el 3 de febrero de 2025 recibió una comunicación en la que la institución informaba que la radioyodoterapia no estaba incluida en su plan de servicios y que, por tanto, no podía ser cubierta.
La parte demandante sostiene que esta negativa obligó al paciente a acudir a la justicia mediante una acción de amparo de extrema urgencia, mientras el tratamiento era pospuesto y se prolongaba el proceso de preparación médica.
El expediente afirma que las demoras obligaron al paciente a mantenerse bajo una terapia hormonal provisional y una dieta restringida en yodo por un período superior al inicialmente previsto, situación que, según la acción, le produjo afectaciones físicas, emocionales, cognitivas y profesionales.
Tribunal ordenó cubrir el tratamiento
El 24 de febrero de 2025, la Cuarta Sala del TSA ordenó a Senasa cubrir el 80 % de la radioyodoterapia e impuso una sanción económica diaria por cada día de incumplimiento.
La demanda señala que, pese a esta decisión, la cobertura no fue autorizada de manera inmediata, lo que provocó nuevas actuaciones judiciales, liquidaciones de astreintes y recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De acuerdo con los documentos, tanto el TC como la SCJ rechazaron acciones interpuestas por Senasa para suspender o impugnar la ejecución de las decisiones favorables al paciente.
La parte accionante sostiene que la institución mantuvo una conducta de incumplimiento continuado y que el afectado tuvo que recurrir incluso a medidas de ejecución forzosa para procurar el cumplimiento de las sentencias.
Reclaman responsabilidad patrimonial del Estado
La demanda argumenta que los hechos configuran un funcionamiento anormal de la administración pública y una falta de servicio, al considerar que una institución estatal no solo habría negado inicialmente un tratamiento médico, sino que también habría retrasado su autorización pese a la existencia de decisiones judiciales ejecutorias.
La acción solicita que el tribunal establezca la responsabilidad conjunta de Senasa y de los funcionarios señalados, así como la reparación de los daños materiales, morales, psicológicos, biológicos y profesionales presuntamente sufridos por el paciente.
En paralelo, Contreras Medos presentó una querella con constitución en actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra exfuncionarios de Senasa y otras personas vinculadas al sector privado. En esta instancia solicita que los hechos sean investigados y valorados dentro del expediente denominado Operación Cobra.
Los abogados del accionante solicitaron a las autoridades determinar si la negativa y las demoras denunciadas obedecieron a decisiones administrativas aisladas o si guardan relación con irregularidades más amplias en la gestión de los servicios de salud.
Las alegaciones contenidas en la demanda y en la querella deberán ser conocidas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas señaladas.
Acerca del autor
